Místicos y Terrenales: El Contralor también merece cárcel Deuda del Gobierno: casi 100 mil millones Miguel Ángel no debe solaparlo


  • por Marco Antonio Aguirre Rodríguez
    Por Marco Antonio Aguirre Rodriguez, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación
    Por Marco Antonio Aguirre Rodriguez, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

    Ricardo García Guzmán (Rigagu) mostró una vez más su desparpajo y con toda desfachatez dijo que en el gobierno de Javier Duarte no se robaron el dinero, si no que lo utilizaron en cosas distintas a las que estaba destinado.

    Pero entonces, de ser esto real, él es culpable de un delito: incumplimiento de un deber legal, porque no hizo las detecciones a tiempo ni realizó las acciones legales que debió de emprender en su momento.

    El Código Penal del Estado de Veracruz en su Capitulo III “Incumplimiento de un Deber Legal”, artículo 319 anota que “Se impondrán de uno a ocho años de prisión al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno”.

    También están los artículos 320 y 321, que se le pueden aplicar y otros más.

    García Guzmán miente, porque él sabe bien que los recursos los sustrajeron.

    Sus palabras, sus mentiras, no tienen justificación

    Como también carece de soporte Miguel Ángel Yunes Linares (Mayuli) para solaparlo, aunque haya sido este quien le entregó documentos y relaciones de bienes y propiedades de los duartistas.

    Rigagu mostró que conocía a fondo la situación del manejo financiero del gobierno del estado desde antes de las elecciones de este año.

    De hecho realizó varias presentaciones mostrando su información y una de ellas fue en la Secretaría de Gobierno, con Flavino Ríos presente. De ese informe, de lo expuesto, se tienen fotografías que muestran la pantalla en la que se hizo la proyección, la cual está en una de las salas de juntas de la misma Secretaría de Gobierno. Son 9 fotografías con 9 láminas, con información muy reveladora.

    Para ese momento, Flavino también ya estaba enterado de las malversaciones y sus efectos, tan sólo en lo correspondiente al presupuesto del 2015 y con corte a septiembre.

    En es

    Mauricio Audirac, Javier Duarte y Ricardo García Guzmán

    a gráfica anota que “El pasivo más representativo se ubica en el capitulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” que corresponde a recursos comprometidos y devengados que están pendientes de ser entregados, principalmente a Entidades, Servicios de Salud, Universidad Autónoma de Veracruz, Fideicomisos, y para Ayudas Sociales al Sector Educativo, cuyo cuadro resumen se incluye en el Anexo 2”.

    Así García Guzmán sabía desde hace mucho que los recursos fueron sustraídos, malversados, tergiversados, desfalcados, escamoteados, pero que nunca fueron bien aplicados.

    Por lo menos es culpable de ser cómplice.

    Las acusaciones que le hacen desde el mismo gobierno del estado, de forma soterrada, pueden ser reales, en el sentido de que “cobra” grandes cantidades a otros funcionarios del gobierno del estado y a los presidentes municipales para no proceder en su contra ante las irregularidades administrativas que detecta.

    En esa presentación, también incluyó el cuadro “2. Manejo del Ejercicio Presupuestal”, en el cual de forma específica se reconoce que se anotaba los recursos como devengados, pero sin hacer los pagos correspondientes. O sea, que los sustraían.

    La leyenda ahí colocada dice: “Registro de recursos recibidos como devengados sin proceder con su pago, constituyéndose en Pasivos/ Con sujeción al presupuesto autorizado final a nivel Gobierno del Estado, se contraen compromisos Estatales y se registran los mismos presupuestalmente como recursos devengados, sin que posteriormente se proceda con los pagos respectivos, ni contando con la disponibilidad necesaria para cubrir los mismos, constituyéndose así en un pasivo”.

    García Guzmán en esa ocasión también presentó la gráfica 21, en la que apuntó que algunas de las obras que se ejecutaban por gobierno del estado “presentan problemática de demandas y que están bajo presión mediante las observaciones generadas a efecto de reintegrar recursos a la Tesorería”, que tan sólo para tres renglones que presentó en esa imagen, la suma era de 1 mil 152.3 millones de pesos.

    Entonces, ahora García Guzmán no puede decir que los dineros fueron desviados a otras cosas y que apenas se dio cuenta.

    De hecho ahí menciona que la Conavi demandó a Invivienda el reintegro de 367.8 millones de pesos, más intereses, por no haber ejercido recursos que se les dieron para los años 2011 y 2012.

    DEUDA DEL GOBIERNO: CASI 100 MIL MILLONES. La deuda del gobierno del estado puede ser mayor a los 100 mil millones de pesos, más del doble de los 45 mil 446.3 millones de pesos registrados ante la Secretaría de Hacienda y anotados al segundo semestre de este año.

    En ese mismo informe que Rigagu le dio a Flavino Ríos apuntaba que “el pasivo registrado por la Tesorería a nivel Gobierno del Estado a julio de 2015 es por un total de 53,340.9 mdp”.

    La cantidad está muy lejos de los 17 mil millones que Antonio Gómez Pellegrin quiso que se pagaran con el 3% a la Nómina.

    Esa lámina anotaba en su “Resumen Pasivo por Acreedor (mdp) las siguientes cifras (todas en millones de pesos):

    Resumen Pasivo por Acreedor (mdp)
    Proveedores 6,432.2
    Fondos Federales 7,157.6
    Reintegros a la TESOFE 8,798.8
    Seguro Popular 7,646.4
    Fondo Revolvente y Arrendadores 105.2
    Arrendadores 52.1
    Otros 17,473.1
    Sub total Gasto Corriente 47,613.3
    Contratistas (Inversión Pública) 5,727.6
    Sub total Inversión Pública 5,727.6
    Total Pasivo 53,340.9

    Y la cifra pudo haberse incrementado, pues el calculo se hizo hace más de un año.

    Así que es probable que la deuda que Javier Duarte le esté heredando a Miguel Ángel Yunes ande por arriba de los 100 mil millones de pesos.

    Con este panorama Rigagu no puede decir ahora que el dinero nada más fue desviado, pero no sustraído.

    El es culpable de ser cómplice y de incumplimiento de un deber legal y de quien sabe cuántos delitos más.

    Ricardo García Guzmán merece la cárcel tanto como los demás señalados en este el peor gobierno de la historia de México.
    Si quiere ver las fotografías y leer los artículos que relacionan los delitos en los que probablemente incurrió García Guzmán están en esta dirección https://goo.gl/FQSDgf

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III
INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL
Artículo 319.-Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al
servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en
perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno.
Artículo 320.-Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario
al servidor público que:
I. Por razón de su empleo, cargo o comisión tenga conocimiento de que existe interés o posibilidad de
lesionar el patrimonio de los Poderes Públicos o de alguno de los organismos autónomos de Estado, de
alguna dependencia o entidad de la Administración Pública, estatal o municipal, y no lo informe a su
superior jerárquico por la vía más rápida, y lo confirme por escrito o, en su caso, no evite el daño si está
dentro de sus facultades hacerlo; o
II. Al concluir el empleo, cargo o comisión no entregue a la persona autorizada para recibir los bienes,
documentación, archivos, expedientes y todo lo que haya estado bajo su responsabilidad.
CAPÍTULO IV
COALICIÓN
Artículo 321.-Se impondrán prisión de seis meses a seis años y multa hasta de doscientas veces el
salario, a los servidores públicos que se unan para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o
disposición de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin
de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de gobierno.
CAPÍTULO V
COHECHO
Artículo 322.-Comete el delito de cohecho:
I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente, para sí o para
otro, dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo lícito o ilícito,
relacionado con sus funciones; o
II. Quien de manera espontánea dé u ofrezca, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra
dádiva al servidor público, para los fines a que se refiere la fracción anterior.
Cuando el dinero, dádiva o servicios de que se trate, sea inferior al equivalente de mil días de salario, se
aplicará prisión de uno a siete años y multa hasta de doscientos días de salario. Cuando el equivalente
rebase los mil días de salario, la sanción será de tres a diez años de prisión y multa hasta de seiscientos
días de salario.
El dinero o dádivas entregadas, en su caso, se aplicarán en beneficio de la Asistencia Pública del Estado.
CAPÍTULO VI
PECULADO
Artículo 323.-Se impondrán de cuatro a quince años de prisión y multa hasta de seiscientos días de
salario al servidor público que, en provecho propio o ajeno, utilice o disponga de dinero, valores o
cualquier otro bien que hubiere recibido en administración, depósito o por otra causa en razón de su
cargo.
Artículo 324.-Se equipara al peculado y se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa hasta de
trescientos días de salario a:
I. El servidor público que a título personal e indebidamente utilice fondos públicos, con el objeto de
promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero o con el
fin de denigrar a cualquier persona; o
II. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público, estando obligado legalmente a la
custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales o municipales, los distraiga de su
objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.
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