Místicos y Terrenales • Investigación contra Duarte puede durar 5 años: FGE • ¿Y la cárcel para Duarte y sus cómplices, cuándo? • Investigaciones de asesinatos contra periodistas, sin avances


cosa-juzgadapor Marco Antonio Aguirre Rodríguez

 

Por Marco Antonio Aguirre Rodriguez, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación
Por Marco Antonio Aguirre Rodriguez, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

La investigación en torno a Javier Duarte y la cadena de corrupción que implementó, puede durar 5 años, de acuerdo con estimaciones de la misma Fiscalía General del Estado, a través de su Fiscal de Investigaciones Ministeriales.

Y entonces la principal promesa de campaña de Miguel Ángel Yunes de que metería a la cárcel a Javier Duarte y sus cómplices en menos de un año, ya no se cumplirá.

El 1 de enero, aún antes de tomar posesión como Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares anunció que había logrado la recuperación de 1,250 millones de pesos robados al erario por Javier Duarte, los cuales dijo que eran inmuebles, obras de arte, caballos, bienes raíces, y otros objetos: “Lo inimaginable”, puntualizó.

Entre estas recuperaciones está “El Faunito”, con más de 70 mil metros de terreno, en el municipio de Fortín de las Flores, con un valor superior a los 200 millones de pesos.

Dentro de “El Faunito” se encontraron cuadros de –presumiblemente- Botero, Tamayo y Siqueiros, entre otros, los cuales quedaron al resguardo de la Fiscalía General del Estado.

También mencionó que se incautó una tercera parte del rancho Las Mesas, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, con valor de más de 300 millones de pesos.

De los dos bienes mostró escrituras a nombre del gobierno del estado.

Las otras dos terceras parte de “Las Mesas” fueron aseguradas por la PGR “con el compromiso de transferirlos al gobierno del Estado de Veracruz, una vez concluido el proceso legal”.

En su recuento también mencionó bienes ubicados en Xalapa, Coatepec, Alvarado y otras partes de la entidad, así como un avión Lear Jeat 45 con valor de 3 millones 700 mil dólares, equivalente a 75 millones de pesos, y un helicóptero marca Robinson con valor comercial de 872 mil dólares.

Pero la investigación sobre todo esto puede durar 5 años.

Y quién sabe cuál sea el estado de los bienes para entonces.

En respuesta a la solicitud de acceso a la información presentada en el IVAI, con el número 01174116, sobre estos bienes, la Fiscalía General del Estado (FGE), en respuesta emitida el 28 de diciembre (no puede ser en son de broma, porque lo hizo a través del IVAI), apunta que el “Coordinador de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos” dijo que dentro de su ámbito de competencia no tenía la información solicitada.

En cambio el Fiscal de Investigaciones Ministeriales dijo que “dicha información se considera reservada”… como “información de acceso restringido”…, y anota que continuará así mientras subsista la investigación, la cual estima que puede durar 5 años:

“La totalidad de la Carpeta de Investigación 61/2016 iniciada en la Fiscalía Séptima adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y de todas las actuaciones que ella contenga, al encontrarse en trámite y mientras subsistan las causas que motivaron su clasificación, señalando como lapso estimado el de 5 años”, anota de forma textual la respuesta emitida.

Sobre estos bienes también existe otra irregularidad: No están registrados en Patrimonio del Estado, aún cuando el Gobernador Miguel Ángel Yunes mostró las escrituras de los dos ranchos.

El dato también es producto de una solicitud de acceso a la información hecha a la Secretaría de Finanzas, con respuesta del 14 de diciembre de 2016 emitida por la Dirección de Patrimonio del Estado: “Se hace de su conocimiento que después de una minuciosa revisión en los registros y archivo de esta Dirección General del Patrimonio del Estado, hasta el momento, no existe la información solicitada”.

El rancho “El Faunito” y los bienes que estaban en su interior, fueron donados desde el 28 de agosto, cuando Javier Duarte todavía estaba en el poder, por parte de Juan José Janeiro, quien lo tenía escriturado a su nombre.

Pero nada está registrado.

¿Porqué?.

¿Cómo es posible que se haya hecho una donación y que no esté anotada en Patrimonio del Estado?.

Eso es algo que deben aclarar en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, la Fiscalía General y Seguridad Pública del estado.

Pero además, en este caso, El Gobernador dijo que el rancho y los bienes serán subastados para que los recursos se reintegren al gobierno del estado, pero si no existe un registro público de los mismos, ¿cómo saber que es lo que se encontró y que es lo que se venderá?.

Además, si se estima que la investigación ha de durar 5 años, ¿cómo los va a subastar si para entonces ya habrá fenecido su periodo?.

Aunque logre su objetivo de que su hijo Miguel Ángel sea el próximo gobernador de Veracruz y este sea quien los subaste, ya no habrá sido él.

Ante este panorama los terrenales se plantean la pregunta:

 

¿Y LA CÁRCEL PARA DUARTE Y SUS CÓMPLICES, CUÁNDO?. Pasó ya el primer mes del gobierno de Miguel Ángel Yunes y de su principal promesa de campaña nada se tiene, porque hasta ahora no hay nadie en la cárcel de los cómplices de Javier Duarte y mucho menos el exgobernador.

Supuestamente a Javier Duarte lo buscan por todo el mundo, pero sólo han podido detectar un par de llamadas, lo que puede ser indicativo de que el exgobernador se volvió un experto para andar en fuga.

Pero también de sus cómplices, hasta ahora no hay ninguno detenido.

Miguel Ángel Yunes durante su campaña y después de la misma dijo que en menos de un año metería a la cárcel a Javier Duarte y a sus cómplices.

En la denuncia que presentó el 3 de abril de 2016 contra Javier Duarte y exfuncionarios públicos por lavado de dinero y evasión fiscal, también mencionó a los diputados federales Edgar Spinoso y Vicente Benítez, así como a Iñaki Negrete y Moisés Mansur, pero contra ninguno de estos 4 se ha iniciado proceso alguno, aún cuando incluso se tiene la supuesta confesión de Moisés Mansur, quien para hablar pidió protección para su esposa, la cual el ahora gobernador de Veracruz se la concedió, lo mismo que hizo con Juan José Janeiro, quien dice que le pidió que no tocarán un departamento en Boca del Río que ocupa su madre.

¿Habrá tenido acuerdos similares con los diputados locales Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo ahora, para que aprobaran el nombramiento de Jorge Winckler como Fiscal del Estado?.

Ojalá que no, porque los terrenales seguimos esperando ver en la cárcel a Javier Duarte y sus cómplices.

Y eso implica el proceso de desafuero de los diputados federales y locales, lo cual no se ha iniciado.

 

INVESTIGACIONES DE ASESINATOS CONTRA PERIODISTAS, SIN AVANCES. Al cumplirse este 02 de enero del 2017 dos años de la desaparición y posterior homicidio del periodista y activista, Moisés Sánchez Cerezo, director del semanario La Unión, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, se carece de avances en las investigaciones sobre su muerte.

En 2016, las investigaciones fueron atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR) por decisión del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal y está bajo la responsabilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), sin embargo desde entonces, en febrero del año pasado, no se han presentado avances significativos en la investigación, aunque se tienen personas detenidas.

“Los integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) compartimos la preocupación de nuestros compañeros periodistas de que los casos de asesinatos de varios reporteros permanezca en la impunidad, ya que esto da pie a que se presenten nuevas agresiones”, anotan los integrantes de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas en un comunicado remitido a la Presidencia de la República y diversas instancias.

“Desde este organismo autónomo, nos sumamos a las exigencias de justicia que realiza la familia y los compañeros de Moisés Sánchez Cerezo”, se remarca.

En el desplegado se anota que:

“A dos años de este suceso, los y las periodistas de Veracruz no vemos avances en las investigaciones, aún cuando hay firmes indicios de que fue su actividad periodística la que lo llevó a ser blanco de grupos delincuenciales que operan en la zona conurbada con Veracruz”.

La justicia sigue sin llegar.

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