Pactos de impunidad


por Ricardo Ravelo

Por Ricardo Ravelo Galo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

En medio de la danza de millones operada por los ex gobernadores detenidos y perseguidos mediante triangulaciones financieras realizadas al más puro estilo de la mafia, es inaudito que en el Congreso no haya acuerdo y menos consenso para nombrar al fiscal anticorrupción, pese a que es la prioridad para frenar el vandalismo político que auspició Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía Anticorrupción inició operaciones, como se sabe, sin titular, cuando es verdaderamente urgente que dicha Fiscalía comience a funcionar y a enderezar investigaciones en todas las áreas del Gobierno federal donde, sin duda, habrá casos tan escandalosos como los que se exhiben de Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) acusa de haber encabezado durante su mandato una organización criminal que operaba en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México.

Es evidente que la fiscalía anticorrupción está no sólo desdentada sino muerta. Es un verdadero aborto legislativo porque, con independencia de lo que digan los senadores, es más que claro que desde la cúpula del poder no se quiere investigar la corrupción. Y es que una verdadera fiscalía que le sirva al país con investigaciones serias, honestas y profundas tendrían que empezar por investigar al propio presidente Peña Nieto, a su esposa y todo el séquito de colaboradores que lo acompañan.

Y es que no obstante que los legisladores prefieren exhibir su mediocridad aduciendo que no hay acuerdo para designar al fiscal anticorrupción –a ver quien se los cree –lo cierto es que la línea oficial, la que se dicta en Los Pinos es que no hay voluntad política para investigar los casos emblemáticos de corrupción del gabinete federal.

Para el Presidente Peña Nieto su voluntad política está demostrada con la detención y enjuiciamiento de Roberto Borge, Javier Duarte de Ochoa, Guillermo Padrés, Tomás Yarrington y la persecución internacional de César Duarte.

Pero las orgías de corrupción que encabezaron estos ex mandatarios no resuelve el problema de fondo del país. Hay que investigar lo que  ha pasado a lo largo de poco más de cuatro años y medio de gobierno de Enrique Peña Nieto, donde los gastos, según la Auditoría Superior de la Federación, son estratosféricos y en muchos casos, según analistas del caso, ni siquiera están comprobados. Es más, se han utilizado recursos a discreción y esto es lo que se impide que se investigue. El escándalo que viene después del 2018.

Aquí está más que claro que lo que sigue imperando es el pacto de impunidad oficial, pues resulta verdaderamente cínico que los legisladores no acuerden un tema prioritario y se sumen a la complicidad gubernamental con un “si, señor presidente, como usted lo ordene”. El servilismo y la corrupción en su plenitud.

Los casos que se investigan respecto de la corrupción de los ex gobernadores es de escándalo, pero insisto: esa película es apenas la punta de la madeja de lo que viene después del 2018, si es que se investigan, como se ofrece, la corrupción sexenal.

Ahí está, pendiente en la sociedad, el tema de la Casa Blanca, los contratos otorgados por Pemex a empresas nacionales y extranjeras, la obra pública federal, los gastos multimillonarios en Comunicación Social, recursos cuyos destinos hasta ahora se desconocen, el desvío descarado de recursos federales para ganar la elección en el Estado de México, los gastos en materia de seguridad para hacer frente a la delincuencia organizada pese a que el crimen sigue de pie en todo el país.

Los contratos con Televisa, la televisora del gobierno; la transferencia de recursos para apuntalar la endeble imagen del presidente dentro y fuera del país, por citar sólo algunos.

Hay un dato que exhibe que la voluntad de Peña Nieto para ir a fondo en el tema de la corrupción no es tan creíble. Durante el proceso electoral de 2016 fue alertado de los escándalos que protagonizaban los ex gobernadores procesados y perseguidos y le dijeron que era necesario, por bien del país, proceder legalmente contra ellos.

En aquel momento expresó, según se sabe, que era un tema muy delicado para su gobierno y para el PRI. Fue evidente su negativa. En 2012, ya había cobijado a Eugenio Hernández, ex Gobernador de Tamaulipas. Fue por ello que el entonces procurador Jesús Murillo operó para que la PGR dictara el no ejercicio de la acción penal en contra de Hernández, quien enfrenta un juicio por lavado de dinero en una Corte de Texas la cual está vigente y por cuyo caso se ha solicitado su localización con fines de extradición. Pero en México ni se le persigue.

El caso de Tomás Yarrington sigue pendiente con respecto a su extradición a México o a Estados Unidos. Ahí Yarrington tiene buenas relaciones con Peña a través de su tío e impulsor político, Arturo Montiel, quien junto con Yarrington operaron la campaña “Todos Unidos contra Madrazo” (TUCOM) para intentar descarrilar a Roberto Madrazo, candidato presidencial en 2006.

Cuando la PGR investigaba a Yarrington, el sexenio pasado, y Peña Nieto era precandidato presidencial, el ex Gobernador Manuel Cavazos Lerma –también mencionado en expedientes de Estados Unidos como presunto protector del cártel del Golfo — dijo que era sospechoso y sintomático que en pleno proceso electoral de nuestro partido –el PRI – aparezca este tipo de información que tiene aroma inocultable de guerra sucia.

Luego, Peña Nieto retomó el mismo sentido del comentario de Cavazos para defender a Yarrington y a los priistas que, en aquel momento, eran investigados por la PGR por sus presuntos actos de corrupción y sus vínculos con el crimen organizado.

Sin duda dirá el presidente que no cobija la corrupción porque ahí están los hechos: las detenciones de los ex gobernadores corruptos. Pero ocurre que los procesos resultan tan amañados que hasta cuando a estos políticos se les detiene y enjuicia parece que se les procesa.

Con independencia de lo que ocurra con Padres, Yarrington, Borge o César Duarte, el caso de Javier Duarte es interesante. El mismo ex Gobernador de Veracruz dijo en varias ocasiones estando en el poder que él se sentía blindado porque había financiado la campaña de Peña Nieto en el 2012. Justamente las investigaciones por la triangulación de dinero, a través de empresas fantasmas, iniciaron desde el 2011 y, según datos de la PGR, ahora la ruta del dinero se sigue hasta Suiza, donde el empresario Moisés Manzur –señalado como testaferro de Duarte –realizó depósitos millonarios en las cuentas de la compañía Brades, S.A de C.V, la cual es una de las decenas de empresas utilizadas para lavar dinero público.

Resulta  interesante que la PGR –y se espera que esto ocurra –ventile públicamente la ruta de los recursos desviados del erario veracruzano, pues si es verdad que Duarte financió la campaña con 3 mil millones de pesos, como dijo, ahí debe aparecer el rastro del recurso entregado a los operadores de Peña Nieto en el 2012.

O bien se debe verificar qué se hizo que esos 3 mil millones que, según el expresidente Felipe Calderón, se dispusieron en efectivo durante la campaña presidencial de 2012.

En esta labor de rastreo de los dineros interviene la Secretaría de Hacienda –dependencia que interpuso la denuncia inicial –y la Procuraduría General de la República. Nada se ha dicho de las inversiones en España, donde supuestamente Duarte habría comprado hoteles y residencias. Seguramente está en proceso de confirmación.

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